Y la seguridad en Aguascalientes, ¿con qué se come?
Por Tania Magallanes Díaz
Después de la propuesta del PRI nacional, en voz de su dirigente Alejandro Moreno, sobre regularizar el uso de armas para que las familias mexicanas “puedan defender su casa, su negocio, sus vidas”, el titular de la Secretaría General de Gobierno en Aguascalientes, Enrique Morán Faz, consideró que esta iniciativa para defenderse del crimen organizado no es la respuesta y estrategia correcta para cambiar el rumbo de la inseguridad en el país, sino que la solución sería que las corporaciones de seguridad municipales, estatales y federales dieran resultados:
“La solución es que los cuerpos de seguridad locales, estatales y federales, hagan lo que tienen que hacer”
La propuesta de PRI llega en el momento del peor escenario de crisis de violencia dentro y fuera de México.
Por ejemplo: tiroteos masivos en Estados Unidos con decenas de asesinatos a niños, además de la aprobación en aquel país de la ley que amplía el derecho a llevar armas de fuego en la calle.
En México, apenas hace unas semanas vimos que en Puebla se detonó un arma de fuego en pleno centro de vacunación covid-19 para niñas y niños, lo que dejó dos menores lesionados.
Cuando no entienden que no entienden
En una incongruencia, el alcalde de Asientos, el morenita José Manuel González Mota, insiste en que los ciudadanos de dicho municipio legalicen ante la Sedena las armas que ya tienen para protegerse en sus domicilios:
“Nomás lo que permita la ley, no como dice Alito –Alejandro Moreno- del PRI, pero sí lo que marca la ley, lo que permite que una persona pueda tener una pistola en su casa para defender su patrimonio. Eso permite la ley de armas, y bueno, los ejidatarios puedan registrar otra arma para que puedan llevarla a su parcela, tenerla en su parcela”
–¿Usted insiste en que la población debe tener su arma en su casa por su seguridad?, se le cuestionó a González Mota.
–Yo sólo digo que la deben, los que la tienen, la deben tener registrada.
El alcalde de Asientos consideró que “sí es bueno” que las familias tengan un arma registrada ante la Sedena en casa, y admitió él tener una:
“No sé si alguien de ustedes tenga una pistola en su casa, pero los que la tenemos, la tenemos legalmente para poder tener un documento legal que ampare la legítima propiedad”.
Lo que no dijo el alcalde de Asientos: Así como es legal portar armas en Estados Unidos, lo que ha incrementado los asesinatos con arma de fuego.
Tambíén, después de que este fin de semana dos jóvenes fueran asesinados en un asalto en Calvillo, municipio bajo la administración del panista Daniel Romo Urrutia, Morán Faz, destacó que las autoridades locales tienen “conciencia del problema. Ante el problema nacional y regional de violencia e inseguridad que se vive en el país (más de 10 mil asesinatos en lo que va del año), el gobierno de Aguascalientes buscará reunirse con el de Zacatecas para diseñar una estrategia de seguridad”.
Además, el funcionario anunció que el Gobierno del Estado solicitará una mayor presencia y participación de las fuerzas federales en el municipio de Calvillo, por lo que a la brevedad se hará la petición oficial que permita contar con una intervención más fuerte de la Guardia Nacional y del Ejército, toda vez que la Sedena cuenta con una base militar en Calvillo, en la comunidad de Jaltomate, donde se integrarán 400 elementos junto con sus familias a la brevedad.
¿Dónde quedaron entonces los resultados de acciones de seguridad integral?
Todavía en noviembre del 2021, el anterior secretario de Gobierno de Aguascalientes, Juan Manuel Flores Femat, dijo que aún no existe el convenio oficial de colaboración entre la Guardia Nacional y la Policía Estatal, debido a las reformas que se estuvieron haciendo en materia de seguridad pública dentro del país.
También comentó que el gobernador Martín Orozco Sandoval tenía toda la intención de consolidar este convenio para seguir operando juntos en el estado.
Aunque Martín Orozco ya está en los últimos meses de su gobierno.
Lo que dice la ley
El artículo 13 apartado X de la Ley de la Guardia Nacional, indica que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana debe “Suscribir los convenios de colaboración con las entidades federativas y municipios respecto de la participación de la Guardia Nacional”.
Asimismo, el artículo 89 indica que “La Guardia Nacional, por conducto del Secretario, podrá celebrar convenios de colaboración con entidades federativas o municipios para la realización de acciones continuas en materia de seguridad pública, POR UN TIEMPO DETERMINADO”. Las mayúsculas son mías.
El artículo 91 señala que: “Los términos, condiciones, obligaciones y derechos que correspondan a la Guardia Nacional y a las autoridades de las entidades federativas y municipios, se establecerán en los convenios de colaboración que al efecto se suscriban entre el Secretario, el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate y, en su caso, los presidentes municipales correspondientes. En los convenios se establecerán las condiciones y términos para la conclusión de las tareas encomendadas a la Guardia Nacional, a fin de que las instituciones de seguridad pública local las asuman plenamente.
Asimismo, se establecerá un programa para el fortalecimiento técnico, operativo y financiero de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los municipios, con objetivos, instrumentos de seguimiento y evaluación e indicadores de avance y metas que permita a dichas instituciones cumplir con sus facultades, atribuciones y obligaciones; para lo anterior, deberán contar, sobre la base de la corresponsabilidad, con las previsiones necesarias en los presupuestos de egresos de la Federación y de las entidades federativas”. Las negritas son mías.
Sobre el convenio, el ámbito de influencia de la Guardia o el fortalecimiento de la seguridad pública no hay nada de información.
Morán Faz también expresó que se reforzará el blindaje, término usado comúnmente por las autoridades en seguridad, las fronteras que tiene Calvillo con los municipios de estados colindantes, para lo que se solicitará el apoyo de más elementos de la Guardia Nacional y del Ejército.
Así lo contó el comunicado oficial:
“Tiene a disposición la tecnología e inteligencia que pueda desprenderse del C5, así como la fuerza y estrategia de seguridad a través del Mando Coordinado, en espera de que se recibe el fortalecimiento de las fuerzas federales para sumar a estas acciones que permitan devolver de inmediato la tranquilidad a las familias calvillenses”
Existen múltiples críticas a la militarización de la seguridad pública en la actualidad. Vienen desde la estrategia implementada por Felipe Calderón, que se fortaleció con Enrique Peña Nieto, y que se mantiene, reforzada y legitimada con Andrés Manuel López Obrador, con la creación de la Guardia Nacional.
López Obrador, el que prometió sacar al Ejército de las calles.
Informes de la organización Intersecta, señalan que “la violencia ejercida por las autoridades encargadas de proveer seguridad persiste. Que el problema no se soluciona simplemente intercambiando a las autoridades. Cada corporación tiene sus problemas. Aunque, si nos guiamos por estos y otros números, los militares y los marinos parecen ser, de hecho, particularmente peligrosos, al menos en el marco de una detención. El problema, todo indica, tampoco se arregla simplemente con capacitaciones (salvo que las autoridades cuenten con “otros datos” que no han compartido)”.
En el informe Falsas Salvaguardas, se lee:
“Los efectos de esta estrategia de seguridad —que se sigue justificando en el combate al “crimen organizado”, particularmente al narcotráfico— han sido devastadores. Por un lado, se ha documentado incansablemente la participación directa de las fuerzas armadas en violaciones a los derechos humanos, como lo son las detenciones arbitrarias, la tortura durante el arresto, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”.
A la pregunta constante de ¿cómo operan en materia de derechos humanos los distintos cuerpos de seguridad y cuáles son los mecanismos de control (no solo penales) qué existen?, no hay respuesta.
La pregunta de Estefanía Vela y Georgina Jiménez en el mencionado informe. “¿cómo puede el Estado implementar soluciones para la violencia cuando son sus mismos agentes los que la ejercen?”, debe permear en Aguascalientes para garantizar la intervención de la Guardia Nacional, el reforzamiento de la Seguridad Pública local y estatal, y sobre todo, la NO militarización en el estado, a escasos meses del cambio de gobierno.
Con información de Adrián Flores e Intersecta